Tragedia en Santiago del Estero: investigan la muerte de una joven abogada tras la viralización de contenido íntimo
El caso de Shadya Altamirano, ocurrido en la localidad de Pinto, generó conmoción y abrió cuestionamientos sobre la respuesta institucional ante denuncias por violencia de género y exposición digital no consentida.
Una denuncia previa y un contexto de violencia
La joven, de 29 años, había denunciado a su expareja por amenazas y por la difusión de fotos y videos íntimos sin su consentimiento.
Según consta en la investigación, la presentación fue realizada el 1 de marzo en una dependencia policial local, donde también relató haber atravesado una relación de varios años marcada por situaciones de violencia psicológica, física y sexual.
Medidas judiciales y versiones contrapuestas
Desde el Ministerio Público Fiscal indicaron que, tras la denuncia, se le ofrecieron medidas de protección, entre ellas un botón antipánico, que la joven habría rechazado. También se dictaron restricciones para el acusado.
Sin embargo, la familia sostiene que la asistencia fue insuficiente y que no hubo contención efectiva ante el impacto emocional que generó la viralización del material.
El impacto de la difusión y la crisis
De acuerdo al testimonio de sus allegados, la circulación de los videos a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería provocó en la joven una profunda crisis.
Días antes del desenlace, su entorno había advertido sobre su estado de salud mental, lo que quedó asentado en actuaciones policiales.
Investigación en curso y reclamos
Tras el fallecimiento, la Justicia ordenó la realización de la autopsia y el secuestro de elementos personales para avanzar con la investigación.
Uno de los puntos que genera controversia es la posible influencia de vínculos del acusado en el ámbito judicial, lo que fue mencionado por la familia y forma parte de los cuestionamientos al proceso.
Un caso que reabre el debate
El hecho volvió a poner en discusión la eficacia de los mecanismos de protección ante situaciones de violencia digital y de género, así como la necesidad de una respuesta integral que incluya acompañamiento psicológico.
Organizaciones y sectores sociales reclaman mayor intervención estatal y políticas más eficaces para prevenir este tipo de situaciones.
