Escándalo en la Justicia Federal: procesaron por corrupción a un conocido abogado y le trabaron un embargo de $100 millones
Se trata de Luis Alejandro Ontiveros, imputado por vender influencias en la Cámara Federal de Tucumán. Está acusado de exigir sumas de hasta 100.000 dólares para conseguir fallos favorables y de usar autos oficiales de los tribunales.
Procesamiento y embargo histórico
La Justicia Federal de Tucumán se encuentra sacudida por una causa que golpea la transparencia de sus propios pasillos. El titular del Juzgado Federal N°2, Dr. José Manuel Díaz Vélez, dictó el procesamiento del abogado penalista Luis Alejandro Ontiveros, considerándolo el presunto autor de los delitos de tráfico de influencias agravado y destrucción de medios de prueba.
Si bien el magistrado determinó que el imputado continúe el proceso penal en libertad (sin prisión preventiva), dictó rigurosas medidas de coerción que incluyen la prohibición absoluta de salir del país y la restricción de acercamiento a cualquiera de los denunciantes. Asimismo, el juez le trabó un histórico embargo preventivo sobre sus bienes por la suma de $100 millones de pesos.
La trama: “Venta” de influencias y uso de recursos del Estado
La investigación penal, impulsada meticulosamente por el fiscal federal Agustín Chit, sostiene que Ontiveros se valía de una presunta e indebida “llegada” a las altas esferas de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán. De acuerdo con la acusación, el abogado invocaba de manera comercial el nombre y la investidura del camarista Mario Rodolfo Leal, aprovechando además el hecho de que su propia esposa, Solana Casella, se desempeña en la función de relatora del mencionado magistrado.
La Fiscalía dividió las maniobras delictivas del imputado en tres hechos centrales de extrema gravedad:
- Hecho 1 (Marzo de 2023): Ontiveros habría pactado una reunión en un bar de la capital tucumana donde exigió el pago de 100.000 dólares en efectivo a cambio de interceder ante el tribunal de alzada para garantizar un sobreseimiento definitivo en una causa penal.
- Hecho 2 (Abril de 2025): Se le adjudica haber solicitado la suma de 80.000 dólares durante un encuentro en la ciudad de Yerba Buena, con el objetivo de revertir una medida de prisión preventiva. Las pesquisas en este punto arrojaron un dato escandaloso: el letrado se habría movilizado a los encuentros utilizando vehículos oficiales pertenecientes a la flota de la Cámara Federal.
- Hecho 3 (Junio de 2025): Al tomar conocimiento de que estaba siendo investigado, el acusado procedió a eliminar por completo sus cuentas y registros de las aplicaciones WhatsApp y Telegram con la clara intención de destruir el material probatorio y los chats que lo vinculaban a las maniobras de extorsión.
El cerco probatorio y la defensa de un mediático
A pesar de los desesperados intentos del imputado por borrar las evidencias digitales, la Fiscalía Federal logró armar un sólido rompecabezas penal. Para cercar al abogado, los investigadores contaron con el soporte técnico de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DATIP), organismo que aportó peritajes de geolocalización satelital que ubicaron los teléfonos del sospechoso en los mismos minutos y coordenadas espaciales que las víctimas. Esto se complementó con los registros de cámaras de seguridad públicas y privadas y testimonios clave de los damnificados.
Ante este complejo panorama judicial en los tribunales de Las Piedras y Congreso, Ontiveros decidió encomendar su estrategia legal al estudio jurídico del reconocido y mediático abogado penalista de Buenos Aires, Miguel Ángel Pierri, quien intentará apelar el procesamiento ante el tribunal superior en las próximas semanas.
