El peronismo busca llevar al recinto de Diputados el DNU 70/23 para frenar la extranjerización de tierras
La oposición apunta a convocar a una sesión especial el 15 de octubre, en coincidencia con la Marcha Federal Universitaria. Tras la resolución de la Corte Suprema, legisladores de Unión por la Patria negocian adhesiones para anular el megadecreto o derogar el artículo que eliminó la Ley de Tierras.
Estrategia parlamentaria y convocatoria al recinto
Frente a la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que reactivó la derogación de la Ley de Tierras (Ley 26.737), los bloques opositores resolvieron trasladar la disputa al ámbito legislativo. Dado que el Senado ya rechazó el DNU 70/2023 en marzo de 2024, una votación mayoritaria en la Cámara de Diputados alcanzaría para anular de forma definitiva el decreto presidencial.
El titular del bloque de Unión por la Patria (UxP), Germán Martínez, se reunió con referentes del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata y ratificó la decisión de solicitar una sesión especial en la Cámara baja:
- Fecha y contexto: la meta de la bancada opositora es fijar el debate en el recinto para el próximo 15 de octubre, haciendo confluir la discusión parlamentaria con la quinta Marcha Federal convocada por la comunidad universitaria en reclamo de la Ley de Financiamiento para las casas de altos estudios.
- Vía alternativa en el Senado: en paralelo, senadores de UxP encabezados por José Mayans, Juliana di Tullio y Fernando Salino ingresaron un proyecto de ley enfocado puntualmente en la derogación del artículo 154 del DNU, con el propósito de restablecer de inmediato el tope del 15% a la posesión extranjera de suelo rural.
Repercusiones en el arco opositor y gremial
El fallo judicial motivó expresiones de rechazo en diversos espacios políticos y sindicales:
- Axel Kicillof y Eduardo De Pedro: el gobernador bonaerense calificó el dictamen como “el fallo de la infamia” y acusó al oficialismo de recurrir a la Justicia para eludir al Congreso. En sintonía, el senador De Pedro consideró que la resolución representa “un profundo desprecio y una falta de respeto hacia los combatientes de Malvinas”.
- Central General del Trabajo (CGT): la central sindical exigió la restitución de la legislación protectora y sentenció que “la tierra argentina no es una mercancía y la soberanía no se negocia”.
- Martín Lousteau y Elisa Carrió: el senador radical advirtió una “profunda desconexión” del máximo tribunal con la sociedad, mientras que la referente de la Coalición Cívica demandó el rechazo legislativo inmediato del DNU, al considerar que compromete los límites territoriales y fronterizos del país.
- Frente de Izquierda (FIT): la diputada Myriam Bregman llamó a votar de manera urgente en el recinto para “ver quién es quién”, al tiempo que diversas agrupaciones convocaron a asambleas en Parque Lezama para coordinar movilizaciones.
Impacto en el oficialismo y declaraciones de Javier Milei
En la Casa Rosada admitieron sorpresa ante la celeridad del fallo cortesano, reconociendo que altera las negociaciones parlamentarias en marcha, enfocadas prioritariamente en el Presupuesto 2027, la derogación de las elecciones primarias (PASO) y un proyecto oficial sobre Malvinas. Como contraofensiva interna, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, evalúa reactivar el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada para asegurar el acompañamiento de bloques dialoguistas.
Desde París, el presidente Javier Milei evitó pronunciarse en detalle sobre el fondo de la causa, aunque elogió el proceder judicial:
“Me parece fantástico que la Corte falle lo que le parezca correcto respecto de la Constitución. Yo no tengo que meterme. Después vivimos llorando republicanismo”, manifestó el jefe de Estado.
En términos jurídicos, la doctrina fijada por el máximo tribunal marca un antecedente de alto impacto institucional: al limitar la figura del “caso judicial” e impedir que organizaciones de la sociedad civil invoquen derechos difusos o soberanía como interés colectivo, levanta una valla procesal que podría restringir futuras impugnaciones colectivas contra resoluciones de alcance general dictadas por el Poder Ejecutivo.
