Conflicto judicial en La Madrid: Pelli frena el intento de Pichón Segura de evitar la cárcel
La querella del diputado nacional Federico Pelli rechazó formalmente la propuesta de juicio abreviado que buscaba cerrar el caso con una pena en suspenso. Para el legislador de La Libertad Avanza, el ataque sufrido en marzo no admite soluciones intermedias, exigiendo que cualquier condena sea de cumplimiento efectivo debido a la alevosía del acto y la investidura de la víctima.
Gravedad del ataque y la figura de la alevosía
El núcleo del rechazo radica en la calificación legal del hecho ocurrido el pasado 11 de marzo en la ruta nacional 157. Según el expediente, Marcelo Segura interceptó a Pelli mientras este realizaba tareas solidarias tras las inundaciones. La querella hace hincapié en que el agresor actuó con alevosía, aprovechando que el diputado cargaba donaciones en ambas manos, lo que le impedía cualquier maniobra de defensa ante el violento cabezazo que le fracturó el tabique nasal. Esta situación, que derivó en una intervención quirúrgica compleja, eleva la escala penal de lesiones graves a un rango de entre tres y diez años de prisión.
El peso institucional y el riesgo de impunidad
Para el equipo legal que representa a Pelli, permitir una pena condicional de tres años sentaría un precedente peligroso dada la gravedad institucional del caso. Al tratarse de una agresión física directa contra un representante del Congreso de la Nación en pleno ejercicio de sus funciones sociales, la querella sostiene que la justicia debe actuar con un rigor proporcional al daño causado. Cerrar el proceso con una condena que no implique el ingreso a un establecimiento penitenciario es considerado por la víctima como una salida improcedente que desestima la investidura pública y el impacto social del ataque en el sur de la provincia.
Medidas de prueba pendientes y vínculos políticos
Otro de los pilares que sostiene la negativa al juicio abreviado es la existencia de cabos sueltos en la etapa instructiva de la investigación. La fiscalía aún debe identificar a otras personas que habrían participado de la emboscada y localizar el teléfono celular del imputado, el cual presuntamente fue entregado a un efectivo policial poco después del hecho para ocultar información. El vínculo de Segura con el oficialismo local y su condición de empleado público añaden una capa de complejidad al proceso, reforzando el pedido de la querella de no cerrar la causa hasta que se agote la producción de pruebas y se garantice una sanción que sea realmente ejemplificadora.
