Condena histórica por trata de personas en Tucumán: operaban una red sexual desde adentro del Penal de Villa Urquiza
El líder de la banda coordinaba el reclutamiento de las víctimas y manejaba perfiles en sitios web desde su celda. Mediante un juicio abreviado, la Justicia dictó penas de hasta 12 años de prisión y un resarcimiento económico inédito de $130 millones para las damnificadas.
Una red criminal manejada desde el pabellón
La Justicia Federal de Tucumán dictó una sentencia sin precedentes en la provincia por su complejidad logística y su fuerte impacto resarcitorio. Una investigación penal permitió desarticular y condenar a los eslabones jerárquicos de una red de trata de personas con fines de explotación sexual. El dato más alarmante de la causa confirmó que el líder de la organización, Walter Ayala, coordinaba y ejecutaba toda la ingeniería delictiva desde el interior de su celda en la Unidad N° 1 del Penal de Villa Urquiza, donde ya purgaba una condena anterior por el mismo delito.
El proceso judicial se resolvió mediante la vía de un juicio abreviado, instancia en la que tanto Ayala como su principal cómplice en el exterior, Alejandra Galván, reconocieron de forma expresa su culpabilidad en los hechos imputados. Ante la confesión, la jueza federal Carina Farías homologó el acuerdo y aplicó una pena de 12 años de prisión para Ayala y 8 años de cárcel para Galván.
La división de tareas: celulares en la celda y logística en la calle
La instrucción del caso, que estuvo comandada por el fiscal federal Agustín Chit, logró desentramar la metodología utilizada por los delincuentes y la estricta división de roles que mantenían para sostener el negocio clandestino:
- Walter Ayala (Líder organizador): Utilizando dispositivos de telefonía celular no autorizados dentro del penal, contactaba y captaba a mujeres en situación de extrema vulnerabilidad social mediante redes sociales. Desde su lugar de encierro, creaba y administraba los perfiles de las víctimas en la página de encuentros “Skokka”, determinaba los nombres de fantasía de cada una, pautaba las condiciones y auditaba de forma diaria los ingresos financieros.
- Alejandra Galván (Coordinadora externa): Funcionaba como el brazo operativo en la vía pública. Se encargaba de regentear y supervisar los departamentos privados ubicados en la ciudad de San Miguel de Tucumán donde se concretaban los encuentros, realizaba las producciones fotográficas y audiovisuales para los anuncios digitales y se encargaba de recaudar el dinero en efectivo de los denominados “pases”.
Reparación económica e indemnización histórica
Más allá de las penas de cumplimiento efectivo impuestas a los tratantes, el fallo de la jueza Farías sentó un hito jurisprudencial en la región respecto a la protección de los derechos de las víctimas del delito de trata. La magistrada ordenó un decomiso y una reparación económica integral de más de $130 millones destinada a las ocho mujeres que fueron rescatadas de la red de explotación.
Según detallaron fuentes tribunalicias, el monto global de la indemnización fue calculado minuciosamente para cubrir tres ejes fundamentales:
- Daño moral: El impacto psicológico y la vulneración a la dignidad humana sufrida por las víctimas.
- Lucro cesante: Las pérdidas económicas individuales durante el período en que estuvieron retenidas.
- Recuperación de ganancias ilícitas: El decomiso de la totalidad de los fondos que los explotadores habían generado a costa del sometimiento de las damnificadas.
De esta manera, el veredicto del Tribunal Federal no solo neutralizó una banda de operaciones transcarcelarias, sino que estableció un esquema de restitución financiera clave para el proceso de reinserción y asistencia social de las víctimas.
