Entra en vigencia el nuevo Régimen Penal Juvenil: baja la imputabilidad a 14 años y fija responsabilidad civil para los padres
La reforma integral reemplaza la normativa de la última dictadura y categoriza los delitos en tres niveles de gravedad. Los menores podrán ser procesados por cualquier figura del Código Penal, con penas máximas de hasta 15 años de prisión y sanciones económicas directas a sus familias.
Los ejes de la reforma y el alcance judicial
A partir de este sábado comenzará a regir en todo el país el nuevo Régimen Penal Juvenil, una modificación estructural en el sistema de administración de justicia para menores que deroga el esquema vigente desde la última dictadura militar. Además de establecer la reducción formal de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, la ley introduce una transformación operativa sustancial: todos los adolescentes de entre 14 y 17 años podrán ser investigados y procesados penalmente por la totalidad de los delitos tipificados en el Código Penal, eliminando el antiguo piso mínimo de dos años de pena privativa de la libertad que restringía la actuación de los tribunales.
Desde la Corte Suprema de Justicia de Tucumán señalaron que acciones históricamente tipificadas como contravenciones o faltas menores —entre ellas, la adulteración de documentos de identidad para ingresar a locales bailables, el hurto de útiles escolares o prendas, agresiones físicas, tocamientos no consentidos, actos de vandalismo sobre el espacio público y amenazas— tendrán instrucción judicial formal. Asimismo, la normativa fija la responsabilidad civil solidaria de padres o tutores, quienes estarán obligados por orden judicial a solventar los daños económicos causados por sus hijos, incluyendo los gastos derivados del despliegue de fuerzas de seguridad y emergencias ante falsas alarmas en escuelas.
Escalas de gravedad y medidas sancionatorias
El régimen procesal clasifica las infracciones cometidas por adolescentes en tres categorías diferenciadas según la escala penal de la figura delictiva:
- Delitos leves: comprende aquellos ilícitos con penas de hasta tres años de prisión. Los imputados transitarán el proceso en libertad, aunque los jueces de Menores, Niñez y Adolescencia podrán dictar medidas de conducta en audiencias conjuntas con los progenitores, tales como la restricción de acercamiento a las víctimas, la prohibición de asistir a eventos masivos o espectáculos deportivos, la realización de tareas comunitarias y el monitoreo mediante tobillera electrónica.
- Delitos intermedios: abarca hechos con escalas de tres a diez años de prisión que no hayan provocado lesiones graves ni la muerte. En estos supuestos se contemplan alternativas a la privación de la libertad sujetas al informe de equipos interdisciplinarios, la opinión favorable de la fiscalía y la intervención de la parte damnificada.
- Delitos graves: reservado para homicidios, hechos de violencia extrema o figuras castigadas con más de diez años de prisión. Habilita el arresto domiciliario, el régimen en institutos abiertos o el confinamiento en centros especializados separados de la población carcelaria adulta. La normativa prohíbe expresamente la reclusión perpetua y fija una condena máxima de 15 años.
Proyección y alojamiento en la provincia de Tucumán
Operadores del ámbito judicial estiman que la entrada en vigor generará un crecimiento exponencial en la carga de trabajo de los juzgados del fuero. De acuerdo con registros policiales provinciales, de las más de 10.000 detenciones registradas hasta el 31 de agosto, 316 correspondieron a menores de edad; mientras que bajo la legislación previa menos del 20% de los infractores derivaba en causas judiciales activas, las proyecciones técnicas estiman que la proporción de formalización judicial se incrementará hasta aproximadamente el 80%.
En la jurisdicción provincial, aquellos adolescentes que deban cumplir prisión preventiva o reciban condenas efectivas de reclusión continuarán alojados en el Instituto Cura Brochero, un sector adaptado para menores emplazado dentro del complejo penitenciario de Benjamín Paz, garantizando el aislamiento estricto respecto de los reclusos adultos de la unidad carcelaria.
