Firme sanción en Tucumán: multan a Tarjeta Naranja por más de $6 millones tras incumplir un acuerdo con una clienta
La Dirección de Comercio Interior de la provincia aplicó la penalidad económica luego de constatar que la entidad financiera no dio de baja el servicio ni regularizó la situación crediticia de la denunciante ante el Banco Central.
El origen del conflicto: falta de información y trabas para la baja
La Dirección de Comercio Interior de Tucumán dictó una dura resolución administrativa contra la firma Tarjeta Naranja S.A.U., imponiéndole una sanción económica superior a los $6 millones. La medida se originó a partir de una denuncia formal radicada por una usuaria tucumana, identificada como Viviana Ester Isaac, quien recurrió al organismo provincial tras verse afectada por prácticas comerciales abusivas que vulneraron sus derechos contemplados en la Ley Nacional de Defensa del Consumidor (N° 24.240).
Según consta en las actuaciones del expediente, la consumidora inició el reclamo luego de reiterados intentos fallidos por obtener información clara, veraz y detallada respecto a una deuda que la entidad financiera pretendía cobrarle. Asimismo, Isaac denunció que, a pesar de haber cancelado la totalidad de las cuotas pendientes y los costos de renovación del plástico, la empresa le impuso sistemáticas dificultades burocráticas para tramitar la baja definitiva del servicio, manteniéndola cautiva dentro del sistema.
Un acuerdo conciliatorio que quedó en los papeles
Ante la intervención del organismo estatal, las partes fueron citadas a audiencias de conciliación obligatoria con el fin de destrabar el conflicto. En esa instancia de mediación, los representantes de Tarjeta Naranja firmaron un acta acuerdo donde la empresa se comprometía formalmente a:
- Condonar la deuda: Cancelar de forma definitiva los saldos exigidos en un plazo de tiempo estricto y determinado.
- Limpiar el historial: Actualizar la situación crediticia de la denunciante ante las bases de datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), revirtiendo cualquier calificación negativa que afectara su perfil financiero.
Sin embargo, tras auditar el caso y vencerse los plazos legales estipulados, el área de inspección de la Dirección de Comercio Interior constató de manera fehaciente que la firma crediticia ignoró las obligaciones asumidas, dejando el convenio homologado completamente incumplido.
La fundamentación legal y el monto de la multa
El análisis jurídico del organismo determinó que Tarjeta Naranja incurrió en una flagrante violación al artículo 46 de la Ley 24.240. Dicho apartado normativo tipifica de forma específica que el incumplimiento de los acuerdos conciliatorios homologados será asimilado a una infracción directa a la ley, haciendo pasible a las empresas de las sanciones más rigurosas del sistema de control.
En consecuencia, las autoridades fijaron una penalidad económica equivalente al valor de cuatro canastas básicas para el “hogar tipo 3”, lo que arrojó una suma totalizada de $6.034.961. Como medida accesoria de visibilización y de protección al conjunto de los consumidores, la resolución ordenó además la publicación obligatoria de la parte dispositiva del fallo en uno de los diarios de mayor tirada y circulación de la provincia, corriendo los costos de impresión por cuenta de la firma sancionada.
Advertencia oficial del área de Comercio Interior
El director de Comercio Interior de la provincia, Manuel Canto, ratificó la firmeza del dictamen y advirtió al sector corporativo que no se tolerarán conductas que atenten contra la buena fe de los usuarios. “Nuestro deber es garantizar que las empresas respeten los derechos de los consumidores y usuarios, y que cumplan estrictamente con lo que firmaron y acordaron en nuestras oficinas”, aseveró el funcionario.
Finalmente, Canto subrayó que este tipo de intervenciones directas sobre las grandes firmas de servicios se ejecutan bajo los lineamientos políticos de control e institucionalidad dictados por el gobernador Osvaldo Jaldo, el ministro de Gobierno y Justicia Regino Amado, y el subsecretario del área, Juan Carlos Bernard, con el objetivo de dotar de celeridad y respaldo efectivo a los ciudadanos frente a los abusos corporativos.
