Elevan a juicio la causa contra un agente penitenciario por presunto exceso en la legítima defensa
La Justicia de Tucumán iniciará el debate oral contra Lucas Eduardo Gaitán Soraire, un agente penitenciario de 31 años acusado de homicidio y tentativa de homicidio. El Ministerio Público Fiscal sostiene que el imputado incurrió en un exceso en el uso de la fuerza al intervenir durante un asalto contra el sacerdote “Pepe” Abuín en marzo de 2025. La fiscalía ha solicitado una pena de cuatro años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo.
Contexto del incidente
El hecho bajo investigación ocurrió en la madrugada del 4 de marzo de 2025. Según consta en el expediente, el Padre Abuín fue interceptado por tres personas que se movilizaban en una motocicleta con la intención de sustraerle su bicicleta. Gaitán Soraire, quien se encontraba en las inmediaciones, intervino en la situación identificándose como personal de seguridad. La secuencia derivó en un enfrentamiento que terminó con el fallecimiento de Nelson Lautaro Pérez, de 20 años, y un menor de edad herido por disparos de arma de fuego.
Argumentación de la fiscalía
El eje de la acusación se centra en la proporcionalidad de la respuesta del agente. Para el Ministerio Público Fiscal, el accionar del uniformado superó los límites establecidos por la ley para la defensa propia o de terceros. La fiscalía sostiene que la utilización del arma de fuego se dio de manera desmedida ante la situación de robo, calificando técnicamente la conducta como un exceso en la legítima defensa. Esta figura legal es la que sustenta el pedido de condena de cuatro años y medio de cárcel.
Determinación de responsabilidades
El proceso judicial buscará esclarecer la mecánica exacta de los disparos y determinar si el agente cumplió con los protocolos de actuación previstos para los integrantes de las fuerzas de seguridad. El tribunal deberá evaluar las pruebas periciales y los testimonios recabados para definir si la conducta de Gaitán Soraire está exenta de responsabilidad penal o si, por el contrario, corresponde aplicar la sanción solicitada por la parte acusadora. El caso ha generado una amplia repercusión debido a la naturaleza del hecho y a la condición de agente de la ley del imputado.
