Escándalo en la policía de Tucumán: imputan a un comisario y a un efectivo por quedarse con dinero y 22 kilos de hojas de coca
Los uniformados habrían extorsionado a las víctimas durante un allanamiento en el barrio Tiro Federal, exigiéndoles una alta suma de dinero para no detenerlas. La Justicia les impuso medidas restrictivas por seis meses mientras avanza la investigación.
De un operativo por robo a una presunta extorsión policial
Lo que debía ser un procedimiento policial de rutina derivó en una grave causa judicial por corrupción y abuso de poder. El hecho investigado ocurrió el pasado 25 de enero de 2024 en un domicilio del barrio Tiro Federal, en San Miguel de Tucumán. En aquel momento, efectivos policiales ingresaron a la vivienda bajo una orden de allanamiento válida, vinculada a una causa por robo agravado en banda, con el objetivo de secuestrar una camisa de grafa municipal y un teléfono celular.
Sin embargo, el rumbo del operativo cambió drásticamente cuando un policía de 29 años y otro agente (aún no identificado) hallaron 22 kilogramos de hojas de coca en el inmueble. Al descubrir el cargamento, incomunicaron a una persona en una habitación y llamaron a un comisario de 51 años, quien prestaba servicios en la ciudad de Banda del Río Salí. Según la acusación del Ministerio Fiscal, una vez que el jefe policial arribó al lugar, los tres uniformados utilizaron sus cargos para intimidar a la víctima, exigiéndole una importante suma de dinero bajo la amenaza directa de dejarlo detenido y confiscar la mercadería.
Falsificación de actas y desvío del botín
La reconstrucción fiscal detalla que, ante el escenario de coacción, las víctimas se vieron obligadas a reunir todos sus ahorros y el dinero extra que les fue requerido para entregárselo a los policías. Una vez que los imputados tuvieron el efectivo en su poder, desplegaron una maniobra para encubrir el delito: obligaron a retirarse al testigo original que había presenciado la extorsión y lo reemplazaron por una vecina de la zona.
Frente a la nueva testigo, los policías asentaron en el acta oficial del procedimiento que el allanamiento “no había arrojado novedades”, introduciendo afirmaciones falsas en un documento público. Finalmente, los acusados se retiraron de la vivienda llevándose de forma ilícita tanto el dinero como la totalidad de las hojas de coca.
Seis meses de investigación y el fantasma de una pena mayor
La Unidad Especializada en Delitos Complejos del Ministerio Fiscal, dirigida por Mariana Rivadeneira, formalizó la acusación en una audiencia donde el auxiliar de fiscal, Leandro Abdala, detalló las pruebas recolectadas. La calificación legal provisoria imputada a los dos policías es la de extracciones ilegales agravadas en concurso real con falsedad ideológica, en perjuicio de la administración y la fe pública.
Por disposición de la jueza interviniente, ambos policías continuarán en libertad pero sometidos a medidas de menor intensidad (restricciones coercitivas) por un plazo de seis meses. No obstante, la magistrada advirtió que, conforme avancen las pericias y la recolección de testimonios, la situación procesal de los uniformados podría complicarse severamente, ya que la carátula legal tiene altas probabilidades de agravarse hacia el delito de extorsión.
