La defensa de Cristina Kirchner presentó un informe contable y pedirá revisar la condena en la causa Vialidad
El equipo legal de la expresidenta sostuvo que las empresas de Lázaro Báez recibieron únicamente el 0,85% de los fondos de un fideicomiso vial nacional. Con ese argumento, recurrirán ante Casación y el Comité de Derechos Humanos de la ONU para suspender la pena y la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
El informe técnico y el eje del planteo judicial
Los abogados defensores de Cristina Fernández de Kirchner —Carlos Beraldi, el jurista brasileño Rafael Valim y el exjuez del Tribunal Supremo español Javier Borrego— ofrecieron una conferencia de prensa para dar a conocer un peritaje técnico elaborado por la firma Specs Consultoría. El documento analiza la distribución de los recursos del fideicomiso de transporte (SISVIAL), creado bajo la órbita de la Dirección Nacional de Vialidad a través del decreto 54/2009 durante el mandato de la exmandataria.
Según la exposición del equipo jurídico, el informe concluye que el Grupo Austral, propiedad de Lázaro Báez, percibió poco más de 18,6 millones de dólares de un fondo global superior a los 2.000 millones de dólares, lo que equivale al 0,85% del total asignado entre 2009 y 2015. Beraldi argumentó que esa cifra contradice la premisa central del fallo del Tribunal Oral Federal, el cual consideró que la norma se había dictado con el propósito exclusivo de canalizar recursos hacia las firmas de Báez. Los letrados añadieron que el principal adjudicatario en ese esquema fue la empresa IECSA S.A., vinculada por entonces a Ángelo Calcaterra.
Estrategia en los tribunales locales y ante la ONU
La defensa anunció que formalizará una doble vía de presentación judicial:
- Recurso de revisión en los tribunales federales: solicitarán ante la Cámara Federal de Casación Penal la revisión de la sentencia condenatoria. Beraldi sostuvo que la interposición de este recurso faculta a los magistrados a evaluar la suspensión cautelar de los efectos de la condena, con la meta de levantar la inhabilitación especial perpetua para ejercer funciones públicas y la privación de la libertad.
- Comité de Derechos Humanos de la ONU: Valim y Borrego incorporarán estas actuaciones en la próxima audiencia de octubre ante el organismo internacional, donde denuncian la vulneración de garantías judiciales y derechos políticos de la exjefa de Estado.
Tanto Valim como Borrego cuestionaron la fundamentación fáctica del fallo y afirmaron que las pericias contables ofrecidas oportunamente habían sido desestimadas en instancias anteriores del proceso.
El descargo de la Justicia Federal de Comodoro Py
Tras los anuncios del equipo defensor, fuentes judiciales de los tribunales federales de Retiro desestimaron el alcance probatorio del planteo. Un magistrado interviniente en el expediente señaló que estos argumentos ya fueron analizados y rechazados en distintas etapas del debate.
Desde los tribunales remarcaron que el estudio exhibido por la defensa utiliza parámetros de financiamiento vial de escala nacional, mientras que la sentencia de la causa Vialidad juzgó de manera circunscripta las irregularidades en las licitaciones de obra pública vial adjudicadas en la provincia de Santa Cruz, jurisdicción en la que las compañías del Grupo Austral concentraron cerca del 85% de los contratos licitados.
