Veinte años sin verdad: la impunidad del caso Paulina Lebbos y la condena al aparato de encubrimiento estatal
A dos décadas de la desaparición y asesinato de la joven estudiante, el expediente más complejo de Tucumán arrastra una paradoja sin precedentes: la Justicia demostró y condenó minuciosamente la red de mentiras montada desde el poder político y policial, pero nunca logró descubrir quiénes la mataron.
La paradoja de un fracaso institucional
El asesinato de Paulina Alejandra Lebbos, ocurrido en febrero de 2006, representa la herida abierta más profunda en la historia institucional y judicial de Tucumán. Veinte años después de que su voz fuera silenciada, el balance de los tribunales arroja una conclusión tan contundente como desgarradora: la Justicia logró reconstruir con precisión quirúrgica cómo se encubrió el crimen, identificó y envió a prisión a los responsables de desviar la investigación, pero jamás pudo responder quiénes fueron los autores materiales del homicidio.
A lo largo de dos décadas de marchas, reclamos y cuatro macrojuicios, el expediente se transformó en una radiografía obscena sobre el funcionamiento de las estructuras de seguridad y judiciales durante el apogeo del alperovichismo. El resultado final configuró una paradoja jurídica alarmante: hay decenas de condenados por tapar el crimen, pero ni un solo condenado por el crimen mismo.
La cronología de la mentira organizada
Las maniobras para impedir el descubrimiento de la verdad comenzaron apenas unas horas después de que el cuerpo de Paulina fuera arrojado a la vera de la Ruta 341, en Tapia, y quedara al descubierto el 11 de marzo de 2006. Las sucesivas sentencias determinaron que la Policía montó una farsa institucional desde el primer minuto:
- El hallazgo fraguado: Oficialmente se informó que baqueanos policiales habían dado con el cadáver. Los jueces determinaron que fue una falsedad absoluta: el cuerpo fue encontrado por los hermanos Marcelo y Sergio Goitea, pero la cúpula policial adulteró las actas de procedimiento para borrar sus nombres y tener el control total de la escena del crimen, la cual fue groseramente contaminada.
- Documentación apócrifa: El primer juicio penal de la saga terminó con las condenas del exsubcomisario Enrique Antonio García y los oficiales Manuel Yapura y Roberto Lencina, declarados culpables de confeccionar instrumentos públicos falsos, actas con datos inventados y rastrillajes ficticios que jamás se realizaron en el terreno.
La decapitación de la cúpula de Seguridad
A medida que la lucha de Alberto Lebbos —padre de Paulina y motor inclaudicable de la causa— lograba romper las paredes del silencio ministerial, la investigación avanzó sobre los máximos responsables civiles y uniformados de la provincia.
En un fallo histórico por su severidad institucional, la Sala III de la Cámara Penal acuñó el término “red de encubrimiento estatal” al dictar condenas de cumplimiento efectivo para la plana mayor que manejaba el orden público en Tucumán:
- Eduardo Oscar Di Lella (entonces secretario de Seguridad Ciudadana).
- Hugo Raúl Sánchez (exjefe de la Policía de Tucumán).
- Luis Nicolás Barrera (exsubjefe de la fuerza provincial).
- Héctor Rubén Brito (exjefe de la Unidad Regional Norte).
Los magistrados dieron por probado que estos funcionarios abusaron de la jerarquía de sus cargos públicos para orquestar un plan coordinado, emitir órdenes ilegales a sus subordinados y consolidar una versión oficial apócrifa destinada a proteger a sospechosos y desviar la causa penal hacia pistas falsas e inconsistentes.
El fiscal que trabajó para la impunidad
El golpe más extraordinario al sistema republicano se materializó con la condena penal al ex fiscal de Instrucción, Carlos Ramón Albaca. El funcionario judicial que tuvo en sus manos los años más críticos y calientes del expediente fue hallado culpable de encubrimiento.
La sentencia acreditó que Albaca desarrolló una conducta sistemática de parálisis investigativa. Omitió de forma deliberada ordenar peritajes científicos urgentes, congeló de manera selectiva líneas de investigación que apuntaban a los denominados “hijos del poder”, dejó vencer plazos procesales clave y mantuvo expedientes archivados en un cajón con el único propósito de que el paso del tiempo borrara las huellas genéticas y los testimonios incriminatorios.
La dimensión y responsabilidad política
Si bien las sentencias judiciales nunca condenaron penalmente al exgobernador José Alperovich por el homicidio de Paulina, ni determinaron su participación material en el hecho, resulta institucionalmente imposible disociar el caso de su gestión gubernamental (2003-2015).
Todos y cada uno de los funcionarios civiles, los comisarios generales y el entramado policial que terminaron tras las rejas por falsear documentos públicos, inventar peritajes y desviar la acción de la Justicia dependían políticamente de manera directa y vertical de la estructura del Poder Ejecutivo de aquel entonces. El caso Lebbos se transformó, por peso propio, en el símbolo más dramático de cómo la utilización del poder del Estado puede ser desplegada de forma efectiva para frustrar la búsqueda de la verdad y garantizar, durante veinte años, la más absoluta impunidad.
