El Gobierno obtuvo una cautelar para frenar la difusión de audios de Karina Milei
La Justicia ordenó cesar la propagación de grabaciones atribuidas a la secretaria general de la Presidencia. El oficialismo denuncia un “ataque ilegal y planificado” y avanza con una denuncia por presunto espionaje.
El Gobierno nacional consiguió ayer una medida cautelar que prohíbe la difusión de los audios atribuidos a Karina Milei, grabados en la Casa de Gobierno, tras el escándalo político desatado por las filtraciones vinculadas a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). La presentación, firmada por la propia secretaria general de la Presidencia, derivó en la resolución del juez federal Alejandro Patricio Maraniello, quien ordenó el “cese de la difusión” de las grabaciones.
En paralelo, el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, presentó una denuncia penal para que se investigue un presunto caso de “espionaje ilegal”. La presentación incluyó pedidos de allanamiento al canal de streaming Carnaval y a los domicilios de los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, del dirigente de la AFA Pablo Toviggino y del abogado Franco Bindi, señalado como uno de los posibles responsables de la difusión. La causa quedó en el juzgado federal 12 de Comodoro Py, actualmente subrogado por Julián Ercolini.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, afirmó que se trató de “un ataque ilegal, planificado y dirigido” contra la Casa Rosada y no de una simple filtración. Según explicó, las conversaciones privadas habrían sido manipuladas con fines de desestabilización política en plena campaña electoral.
Sin embargo, el fallo judicial generó polémica en el ámbito jurídico: abogados constitucionalistas advirtieron que la prohibición constituye un “acto de censura” y vulnera la libertad de expresión, ya que impide difundir información de interés público. “La interdicción de la censura previa es un contenido esencial de la libertad de expresión”, señaló el abogado Andrés Gil Domínguez, quien cuestionó la legalidad de la cautelar.
Mientras el oficialismo insiste en que se trató de una operación de inteligencia contra el Gobierno, la controversia sigue abierta entre quienes defienden la protección de la privacidad de los funcionarios y quienes denuncian un grave retroceso en materia de libertad de prensa.
